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AMLO revertirá decretos privatizadores del agua

- julio 13, 2018
Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente de México anunció que revertirá los 10 decretos que ponían en el mercado 300 cuencas de las 756 del país y que abarcan 20 entidades federativas.

Y es que precisamente en la recta final de la administración de Peña Nieto, las privatizaciones estuvieron al orden del dia y generaron una serie de conflictos relacionados con el agua, desde la privatización, los megaproyectos, el fracking entre otros.

En aquella ocasión los ambientalistas señalaron que queda pendiente en el país la ley centrada en el derecho humano al agua, la cual “sentaría las bases” para la participación de la ciudadanía junto con los tres niveles de gobierno para la consecución del “acceso y uso equitativo y sustentable” del agua.

Cabe recordar que el paquete de decretos, se establecía una cantidad de agua para reserva (35%) y el resto entraría a la hipótesis de la privatización.

Los decretos abarcan las cuencas de los ríos Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

Estos decretos se suman a los emitidos en los ríos San Pedro Mezquital(2014),  Fuerte (2016)  y Coatzacoalcos (2018), que son cerca de 300 cuencas de las 756 del país, en 20 estados y representan la protección del 55% del volumen de agua superficial a nivel nacional.

El cuestionamiento de los ambientalistas se centra en el hecho de que los 10 decretos que levantaban las vedas al uso del agua no fueron consultados con los pueblos indígenas.

Dichos decretos formaron parte de las privatizaciones de los servicios de aguas en el país.

Desconoce el derecho humano al agua.

Se desconocían derechos de sectores productivos al promover concensiones “al primero que se presentara”

Otra problemática son las 50 mil concesiones “caducadas” en el país–principalmente de ejidos, comunidades y pueblos, que no se imaginaban que sus derechos al agua tendrían que renovarse.

(La Ley de Aguas Nacionales los exigió registrar sus derechos al agua, reconocidos a través de sus dotaciones ejidales por decreto presidencial, en la forma de concesiones–6000 m3/año por cada hectárea, un proceso que duró toda la década de los 90–otorgando concesiones que caducaban en 10-20 años).

Asignan volúmenes para el “uso público urbano” como si este uso fuera equivalente al derecho humano al agua.

El posicionamiento de los ambientalistas del 15 de junio del 2018

55% de agua superficial a privatización en México

Regeneración, 15 de junio del 2018. Ambientalistas rechazaron el levantamiento de vedas en 300 cuencas hídricas del país. Denuncian que el objetivo es beneficiar grandes intereses privados y megaproyectos. Demandan una verdadera participación ciudadana y de los pueblos y que se reconozca en primer lugar los derechos de los pueblos indígenas, las necesidades de la población y servicios públicos así como de los productores sociales para la soberanía alimentaria.

Los decretos privatizadores y contrarios a derecho humano al agua, de los pueblos indios y de los productores de México

Los ambientalistas cuestionan directamente el discurso oficial que afirma que son decretos “para proteger las cuencas hídiricas” y sostienen que violan el derecho humano al agua.

Los decretos abarcan las cuencas de los ríos Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

Estos decretos se suman a los emitidos en los ríos San Pedro Mezquital(2014),  Fuerte (2016)  y Coatzacoalcos (2018), que son cerca de 300 cuencas de las 756 del país, en 20 estados y representan la protección del 55% del volumen de agua superficial a nivel nacional.

El discurso oficial y las organizaciones ambientalistas trasnacionales

El anuncio de los decretos privatizadores lo hizo Peña Nieto en la Ciudad de México, donde estuvo acompañado del Secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano; el Director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Roberto Ramírez de la Parra.

Además de los funcionarios mexicanos se encuentran involucrados tanto en el acto oficial como en todo el proceso privatizador del agua mexicana, la World Wildlife Fund (WWF); en español: ‘Fondo Mundial para la Naturaleza’), que es publicitada “como la mayor asociación conservacionista independiente del mundo”.

Así en el anuncio oficial de la privatización del 55% del agua superficial mexicana estuvieron presentes el Director General de Word WF México, Jorge Rickards; y el Presidente y CEO de WWF Estados Unidos, Carter Roberts.

El discurso oficial es el siguiente: “Estos decretos representan una visión de futuro ya que plantean un camino sustentable para estas cuencas, que evitará la grave sobrexplotación, contaminación y escasez que vivimos en otros muchos ríos del país”, dijo Jorge Rickards, Director General de WWF México.

Los cuestionamiento de los ambientalistas, de los indígenas y de los campesinos.

En un primer señalamiento miembros de Agua para Todos es cuestionar en su totalidad los decretos por ser violatorios a la ley de aguas que las creó.

En segundo lugar, señalan que el sistema de concesiones aprobado debe ser reemplazado por uno que:

1.-Únicamente asigne los volúmenes ecológicamente aprovechables;

2.- Reconociendo en primer lugar los derechos de los pueblos indígenas a la administración de las aguas;

3.- Reconozca los volúmenes requeridos para uso personal-doméstico y servicios públicos para asegurar el acceso equitativo en torno al derecho humano al agua;

4.- Asegure el acceso al agua para los productores sociales para la soberanía alimentaria.
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