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Homicidios, feminicidios, abusos, acoso, desapariciones: la UNAM dejó de ser un espacio seguro

- septiembre 08, 2018
“¿Qué pasa con la seguridad en la Universidad?”, dijo entre la indignación y desesperanzada Margarita García, luego de que apuñalaran a su hijo Joel Sebastián Meza García, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mientras participaba en el mitin que terminó tras la agresión de grupos porriles y en el que también se protestaba por el asesinato de la ceceachera Miranda Mendoza Flores.

El cuestionamiento de Margarita es similar al que han lanzado otras madres como Araceli Orozco, mamá de la víctima de feminicidio Lesvy Berlín Rivera; María Victoria de Gaona, madre del estudiante Luis Roberto Malagón que murió en las instalaciones de Ciudad Universitaria; Yadira, cuya hija fue abusada sexualmente dentro de Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Vallejo a inicios de año, y de varias personas más, familiares de estudiantes que han sido víctimas de delitos graves.

Víctor Caballero, abogado del Colectivo Aequus, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, una organización que ha dado acompañamiento a universitarios víctimas de asesinato y desaparición, destaca que “existe un cúmulo de diversos agravios donde las autoridades de la UNAM simple y sencillamente “se lavan las manos en todos estos casos”.

Son múltiples los casos de homicidios o delitos graves contra alumnos de la UNAM que han consternado a la opinión pública y generado protestas dentro y fuera de la universidad.

Una encuesta de la Central de Estudiantes Universitarios (CEU), elaborada en octubre de 2017 y presentada inicios de este año, refiere que el 74 por ciento de los alumnos consideran que la seguridad en las instalaciones de la UNAM es inadecuada y el 45. 5 por ciento ha sido testigo de la comisión de algún acto ilícito dentro del campus.

ASESINATOS, DESAPARICIONES, ABUSO…

El caso más reciente es el de Miranda Mendoza Flores, estudiante del CCH Plantel Oriente, quien fue secuestrada el pasado 20 de agosto, cuando se trasladaba de las instalaciones de la institución  a su casa, ubicada en Los Reyes La Paz, Estado de México.

Esa tarde, la familia recibió una llamada de los secuestradores que pedían 5 millones de pesos para entregar con vida a la joven de 18 años, pero los familiares por falta de recursos no pudieron pagar. Un día después, el cuerpo de Miranda fue hallado calcinado sobre la carretera federal México-Cuautla.

El 3 de mayo de 2017, el cadáver de Lesvy Berlín Rivera Osorio fue encontrado sin vida, semisuspendido del auricular de una caseta telefónica en las inmediaciones del Instituto de Ingeniería en Ciudad Universitaria. La versión que las autoridades capitalinas dieron en un inicio fue que la joven se suicidó.

Ante la presión de organizaciones sociales y ciudadana, la PGJ detuvo a su novio, un ex trabajador de la UNAM, a quien acusó de no haber impedido que supuestamente Lesvy se quitara la vida. Tras un proceso apoyado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el pasado 9 de abril se rectificó se acusó a la pareja de Lesvy por el delito de feminicidio.

El 27 de abril, Mariela Vanessa Díaz Valverde, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, desapareció en la Delegación Iztapalapa. Desde entonces no se tiene idea del paradero la joven de 21 años de edad.

Los últimos datos de geolocalización indicaban que estuvo en uno de los accesos al Cerro de la Estrella, dice su familia, pero los binomios caninos de la policía capitalina no encontraron ningún rastro.

Víctor Caballero del Colectivo Equus, informó que hasta el momento las investigaciones del caso no avanzan. En el caso, la UNAM pronto salió a decir que la “joven no se dirigía” a la escuela. “Me parece que la UNAM solo quiso acotar” el caso, expresa el abogado.

El pasado 15 de marzo de este año, Graciela Cifuentes, académica de la UNAM, y su hija Gatziella Sol Cifuentes, estudiante de Arquitectura, fueron asesinadas al interior de su domicilio en la Colonia Santa Rosa Xohiac, de la delegación Álvaro Obregón, el cual se encontraba en reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre. El domicilio fue posteriormente incendiado con los cuerpos al interior.

Ante la presión de la familia, el caso se investigó y se pudo conocer que se trato de homicidios dolosos y el pasado 6 de agosto, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ–CdMx) detuvo a Alan “N”, novio de la joven, y el pasado mes de agosto fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

El pasado 23 de febrero, dos personas murieron luego de ser baleadas en la zona de Los Frontones de Ciudad Universitaria. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) sostiene que se trató de un enfrentamiento entre vendedores y consumidores de droga.

Tras lo hechos, la UNAM lanzó en ese entonces una campaña “No es tu amigo. Es un narco”, que fue calificada de criminalizar a estudiantes, y endureció sus rondines de seguridad para impedir la venta de drogas, pero el comercio aún continua.

La noche anterior, la profesora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán María Luisa Noria Ramírez fue atacada con arma de fuego en el estacionamiento de la institución ubicada en Naucalpan, Estado de México. La UNAM condenó el hecho y exigió al Gobierno del Edomex, a cargo de Alfredo de Mazo Maza, esclarecer el crimen. En abril de este año, su esposo fue detenido y vinculado a proceso como el autor intelectual del ataque.

En 12 de ese mismo mes, otro hecho también consternó a la comunidad estudiantil puma: una menor de 16 años fue atacada sexualmente en los baños de la cafetería Cibarium del CCH Vallejo.

Compañeros de la víctima denunciaron, en su momento, que cuando trataron de llamar a la policía para reportar el delito –todavía en flagrancia-–, las autoridades jurídicas de la institución les argumentaron que debido a la autonomía de la universidad no podían ingresar policías a detener al agresor, (un empleado identificado como David G). Debido a la mala coordinación de las autoridades del plantel y de las autoridades policíacas, el agresor fue liberado porque se calificó de “no legal la detención”.

El hecho generó varias protestas de alumnos, el 8 de marzo, que exigían la destitución de la coordinadora jurídica del plantel, Eunice Velázquez, pero no fueron escuchados. Los jóvenes que protestaron fueron víctimas de represalias, denunciaron colectivos feministas y los mismos alumnos.

Yadira, la madre de la alumna atacada, acusó que las autoridades escolares le dieron la espalda y han filtrado una versión que culpa a su hija del ataque que sufrió. Además, sostiene que a raíz del caso de su hija ha salido más información sobre acoso en contra de otras menores.

El 3 de octubre de 2017, el maestro Víctor Manuel Ávila Avalos, maestro de la carrera Ingeniería en Alimentos de la FES Cuautitlán, fue privado de la vida a balazos durante un intento de asalto en Tultitlán.

El 18 de agosto Luis Roberto Malagón de Gaona, estudiante de la Facultad de Derecho, acudió a la universidad como lo hacía de manera habitual. Por la tarde, el joven fue localizado ahogándose en los pozos de absorción ubicados entre las facultades de Medicina y de Odontología. Cinco días después falleció.

La versión que brindaron las autoridades universitarias es que se suicidó. Sin embargo, la familia del joven y sus abogados sostienen que no fue un suicido porque el cuerpo de Luis Roberto tenía golpes a la altura de la boca, quemaduras en la espalda y que fue sumergido en agua. Al menos eso arrojaron los peritajes.

El 26 de julio de ese mismo año fue asesinada Rosa Analí, estudiante de Medicina de la FES Iztacala, también en un intento de robo. La joven salió de su domicilio de la colonia San Mateo Cuautepec, en Tultitlán, y se dirigía al hospital Vicente Villada,en Cuautitlán, donde realizaba su internado, cuando fue asesinada.

LA UNAM SE DESLINDA

La actuación de las autoridades de la UNAM para la mayoría de los casos de violencia contra sus alumnos ha sido de un desapego total y de no involucrarse, explica Víctor Caballero.

“Ha habido omisiones de las autoridades universitarias […] Lo grave es que cuando estos casos de violencia ocurren en las instalaciones universitarias, dan versiones que no corresponden con la realidad y que -cuando ocurren afuera- son muy prestos para acotar que no fue adentro y que no hay una responsabilidad para la UNAM en estos casos”, destaca.

Los casos de Lesvy Berlín Rivera Osorio y Luis Roberto Malagón, son dos ejemplos de cómo las autoridades universitarias dan sus propia versión antes de que “las procuradurías o fiscalías, emitan una opinión o dictamen”, comentó el abogado.

“Creemos que deberían de dar acompañamiento a las víctimas, atención en diferentes disciplinas y apoyar en los casos de desaparición o violencia”, apunta el defensor.

Caballero recuerda que también se suman a los agravios de la UNAM, el acoso sexual escolar ha denunciado constantemente  alumnas y maestras así como diversos colectivos de la “Máxima Casa de Estudios” en los últimos meses:

“A los alumnos que denuncian este tipo de acosos nunca les solucionan nada. Es más: hay unidades de violencia de género dentro de las universidades donde -contrario a que motiven a la víctimas a hacer las denuncias, las acompañen o demás-, las conminan a que todo se resuelva internamente, que los agresores sólo ofrezcan una disculpa y que ahí quede todo, esto es real, eso ocurre y eso no abunda a la solución”.

La encuesta de la Central de Estudiantes Universitarios señala que se registran 20.3 denuncias de acoso en promedio al mes. Y resalta que lo alarmante es que el protocolo no se aplica en la investigación de estos casos y 8 de cada 10 denuncias no ha llegado a ningún conclusión, es decir, siguen impunes.

La encuesta referida reveló además que el 78.9 por ciento cree que el desempeño de las autoridades académicas es nada efectivo en materia de seguridad

Sobre la agresión de los porros contra los estudiantes que protestaban el pasado 3 de septiembre, el abogado consideró también se deben presentar y sancionar a los autores intelectuales, esclarecer quiénes y por qué ordenaron el ataque.

“Las autoridades deben de brindar una respuesta adecuada a la comunidad universitaria sobre las responsabilidades penales de los perpetradores materiales del hecho pero también de los perpetradores intelectuales”, apunta.

Caballero participará en la asamblea General InterUniversitaria como acompañante de estudiantes víctimas. Ahí, dice, pedirán la destitución del Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, “porque no responde a las necesidades de la comunidad sobre todo en temas de violencia”.

Con información de Sin Embargo. 
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